97 cartas en apoyo a Patricia Colchero para la CEAV

Transparencia en la designación de Titular de la CEAV

La voz de las víctimas como medición para una decisión ecuánime

Saltillo, Coah., 15 de febrero del 2017

Ante la grave crisis que existe en México en relación a la violación de los derechos humanos, urge una respuesta integral por parte de las autoridades e instituciones gubernamentales que además de garantizar la vigencia de los mismos, repare adecuadamente a las víctimas.

Desde que se agudizó la violencia e inseguridad en nuestros estados y ciudades, nos convertimos en víctimas de una situación que ni los gobiernos locales y federales respondieron. Nos desaparecieron hermanas, hermanos, hijos, hijas, padres, madres; a otras más les asesinaron a sus seres queridos más cercanos. Y en este caminar por encontrar la Justicia y la Verdad, nos enfrentamos a servidores insensibles con nula calidad moral y sin una atención adecuada que nos orientara ante esta tragedia humanitaria, incluidos los comisionados que han pasado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por lo anterior y ante la oportunidad que la reforma al artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas para consultar de manera pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, los firmantes se unen a las casi 100 cartas enviadas por organizaciones civiles, académicos, familiares, movimientos, para la candidatura de Patricia Colchero Aragonés como titular de la CEAV y que anexamos abajo. Ella reúne los requisitos de contar con una amplia experiencia en la defensa, protección y reparación integral a víctimas. Conocemos su trayectoria y cuenta con una alta calidad moral, con gran capacidad profesional.

Pedimos que el Ejecutivo haga pública la consulta a las ONGs y colectivos de víctimas.

 

 

Atentamente:

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM):

FUNDEM Región Laguna, FUNDEM Región Centro, FUNDEM Región Sureste

 

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC

 

Relación de cartas que fueron presentadas de acuerdo a la convocatoria, en apoyo a Patricia Colchero Aragonés para Titular de la CEAV.

 

Organizaciones de la Sociedad Civil

1.        Rosalinda Salinas Durán Infancia y Justicia AC
2.        Ana Lorena Delgadillo Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
3.        Edith Miriam Ramírez Elizalde Proyecto de Cooperación Opción México AC
4.        Cecilia Guadalupe Espinos Martínez Red Mesa Mujeres AC
5.        Gabino Gómez Escárcega CEDHM AC
6.        Nashielli Ramírez Hernández Ririki, Acción Social AC
7.        Claudia Leticia Peña Testa Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón AC
8.        Joaquín del Bosque Cortázar Hogar Integral de Juventud IAP
9.        Felipe Sánchez Sánchez Agrupo para la Transformación y Salud Mental Tlillancalco
10.     Luis Alfonso Gómez y Rodríguez Asociación Tutelar I.A.P.
11.     Miguel Ángel Hernández Meléndez Centro Juvenil Promoción Integral AC
12.     Luis Flores Perea Foro de Jóvenes con Liderazgo
13.     Valeria Santos Flores Grupo In Situ, A.C.
14.     Irais Granado Torres Fundación Arte, Educación y Talento Compartido A.C.
15.     Rita Magdalena Devaki Preciado Pro Pedregales Coyoacán A.C.
16.     Juan Machín Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias A.C.
17.     Rosy Laura Castellanos Cultura DH, A.C.
18.     Eréndira Medina Martínez Tech Palewi, AC
19.     Juan Martín Pérez García REDIM
20.     Hortensia Flores Montoya Casa Amiga
21.     Víctor Manuel García Herrera Desaparecidos Justicia AC
22.     Francisca Jiménez Barrientos Red por la participación ciudadana
23.     Santiago Corcuera Cabezut Comisión Mesoamericana de Juristas AC
24.     Olimpia Salazar Serrano Red Sonora de Apoyo psicosocial en Crisis A.C.
25.     Ximena Andión Ibáñez Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

 Expertos/as

26.     Margarita Griesbach ODI (ALD)
27.     Gloria Ramírez Cátedra UNESCO
28.     Fernando Mendoza Vergara UAEM (RV)
29.     Pilar Noriega García COMVERDAD
30.     Nicomedes Fuentes García COMVERDAD
31.     Rogelio Gómez Hermosillo Marín Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
32.     Mónica González Contró Abogada general de la UNAM
33.     Silvia Alonso Félix Alianza Cívica
34.     Consuelo Morales Elizondo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
35.     Roberto Villanueva Guzmán UAEM
36.     Manuel Vidáurri Arrechiga Universidad de Guanajuato; Ex ombudsman de Guanajuato
37.     Aidé García Hernández Católicas por el Derecho a Decidir
38.     Concepción Regalado Rodríguez Premio Estatal de Administración Pública en Chiapas
39.     Adalberto Méndez López Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Discapacidad
40.     Mauricio Melgar Álvarez Fundación para la Promoción del Altruismo
41.     Armando Nicolás Alonso Red de Profesores e Investigadores en Derechos Humanos
42.     Nanci Ramírez Hernández Asociación Internacional de Educadores para la Paz
43.     Ana Cecilia Terrazas Valdez Directora General Editoras Los Miércoles SA de CV.
44.     Ricardo Hernández Forcada Director del Programa VIH SIDA de la CNDH
45.     Lucía Lagunes Huerta CIMAC
46.     Lilia Encinas Norzagaray Docencia en Psicología de la Universidad de Sonora
47.     Edith Zúñiga Vega Tech Palewi, AC
48.     Imelda Neri Rivera Tech Palewi, AC
49.     Guadalupe Álvarez Gándara Tech Palewi, AC
50.     Ana Gladys Vargas Espíndola Tech Palewi, AC
51.     Jesús Ulises Cázares Tech Palewi, AC
52.     Silvia Alonso Félix Alianza Cívica AC
53.     Rogelio Gómez Hermosillo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza AC Tech Palewi, AC
54.     Héctor Javier Sánchez Pérez Colegio de la Frontera Sur. Tech Palewi, AC
55.     David Orihuela Ordoñez Experto atención jurídica a víctimas. Tech Palewi, AC
56.     Mirta Claudia Mejía Ortega Tech Palewi AC
57.     Rosa Nelly Santos Navarro COFAMIPRO
58.     Fray Raúl Vera López Diócesis de Saltillo
59.     Blanca Isabel Martínez Bustos Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios
60.     Fray Gonzalo Ituarte Verduzco Diócesis de San Cristóbal de las Casas
61.     Abel Barrera Hernández Tlachinollan
62.     Lorena Sánchez Martínez Comité de Derechos Humanos de Comalcalco
63.     Ma. Cristina Muñoz Méndez Indignación
64.     Javier Ávila Aguirre Cosyddhac
65.     Fray Gonzalo Ituarte Verduzco Servicio Pastoral a Migrantes “San Martín de Porres”
66.     Anita Guadalupe Zelaya Galván COFAMIDE
67.     Leonor Ramírez Bautista CODEHUTAB
68.     Nancy Ma. Walker Olvera Kookay
69.     Nancy Pérez García Sin Fronteras
70.     Hortensia Flores Montoya Casa Amiga. Esther Chávez Cano

 Colectivos de víctimas

71.     Ana Belem Vázquez Colectivo por un transporte digno (RV)
72.     Gabriela Itzel Arrazola Rodríguez Colectivo Colibrí (RV)
73.     Osvaldo Castañeda Martínez Colectivo Expresión sin Represión ni Discriminación
74.     Yolanda Morán Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
75.     Blanca Olivia Franco Cruz Colectivo Eco de la Merced
76.     Aracelí Magdalena Rodríguez Nava Colectivo Colibrí
77.     Jovany Alejandro León Rodríguez Colectivo Colibrí
78.     Eli Trujillo Reyes Colectivo Colibrí
79.     Lizbeth Pérez García Colectivo Colibrí
80.     Hermelinda Velázquez Huerta Colectivo Colibrí
81.     Anabel Rodríguez Velázquez Colectivo Colibrí
82.     José Luis Rebollo Morales Colectivo Colibrí
83.     Samantha Montes Martínez Colectivo Colibrí
84.     Martín León Rodríguez Colectivo Colibrí
85.     María del Pilar Rodríguez Nava Colectivo Colibrí
86.     Juan Carlos Trujillo Colectivo Colibrí
87.     Orlando Tavera Luviano Colectivo Colibrí
88.     María Hortensia Rivas Rodríguez Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC
   

Víctimas

89.     María Elizabeth Ugalde Villeda Víctima (RV)
90.     Alicia Villeda Ramírez Víctima (RV)
91.     Joel Román Ugalde Villeda Víctima (RV)
92.     Eliana Ivonne Ruiz Valencia Víctima (RV)
93.     Margarita López Pérez Víctima
94.     Etna Odet Trujillo Rodríguez Víctima
95.     Luz Elena Hernández Gutiérrez Víctima
96.     Patricia López Rodríguez Víctima
97.     Mari Herrera Magdaleno Víctima

 

 

97 cartas en apoyo a Patricia Colchero para la CEAV

· Transparencia en la designación de Titular de la CEAV

· La voz de las víctimas como medición para una decisión ecuánime

Saltillo, Coah., 15 de febrero del 2017

Ante la grave crisis que existe en México en relación a la violación de los derechos humanos, urge una respuesta integral por parte de las autoridades e instituciones gubernamentales que además de garantizar la vigencia de los mismos, repare adecuadamente a las víctimas.

Desde que se agudizó la violencia e inseguridad en nuestros estados y ciudades, nos convertimos en víctimas de una situación que ni los gobiernos locales y federales respondieron. Nos desaparecieron hermanas, hermanos, hijos, hijas, padres, madres; a otras más les asesinaron a sus seres queridos más cercanos. Y en este caminar por encontrar la Justicia y la Verdad, nos enfrentamos a servidores insensibles con nula calidad moral y sin una atención adecuada que nos orientara ante esta tragedia humanitaria, incluidos los comisionados que han pasado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por lo anterior y ante la oportunidad que la reforma al artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas para consultar de manera pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, los firmantes se unen a las casi 100 cartas enviadas por organizaciones civiles, académicos, familiares, movimientos, para la candidatura de Patricia Colchero Aragonés como titular de la CEAV y que anexamos abajo. Ella reúne los requisitos de contar con una amplia experiencia en la defensa, protección y reparación integral a víctimas. Conocemos su trayectoria y cuenta con una alta calidad moral, con gran capacidad profesional.

Pedimos que el Ejecutivo haga pública la consulta a las ONGs y colectivos de víctimas.

 Atentamente:

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM):

FUNDEM Región Laguna, FUNDEM Región Centro, FUNDEM Región Sureste

 Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC

 

Relación de cartas que fueron presentadas de acuerdo a la convocatoria, en apoyo a Patricia Colchero Aragonés para Titular de la CEAV.

 

Organizaciones de la Sociedad Civil

1.        Rosalinda Salinas Durán Infancia y Justicia AC
2.        Ana Lorena Delgadillo Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
3.        Edith Miriam Ramírez Elizalde Proyecto de Cooperación Opción México AC
4.        Cecilia Guadalupe Espinos Martínez Red Mesa Mujeres AC
5.        Gabino Gómez Escárcega CEDHM AC
6.        Nashielli Ramírez Hernández Ririki, Acción Social AC
7.        Claudia Leticia Peña Testa Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón AC
8.        Joaquín del Bosque Cortázar Hogar Integral de Juventud IAP
9.        Felipe Sánchez Sánchez Agrupo para la Transformación y Salud Mental Tlillancalco
10.     Luis Alfonso Gómez y Rodríguez Asociación Tutelar I.A.P.
11.     Miguel Ángel Hernández Meléndez Centro Juvenil Promoción Integral AC
12.     Luis Flores Perea Foro de Jóvenes con Liderazgo
13.     Valeria Santos Flores Grupo In Situ, A.C.
14.     Irais Granado Torres Fundación Arte, Educación y Talento Compartido A.C.
15.     Rita Magdalena Devaki Preciado Pro Pedregales Coyoacán A.C.
16.     Juan Machín Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias A.C.
17.     Rosy Laura Castellanos Cultura DH, A.C.
18.     Eréndira Medina Martínez Tech Palewi, AC
19.     Juan Martín Pérez García REDIM
20.     Hortensia Flores Montoya Casa Amiga
21.     Víctor Manuel García Herrera Desaparecidos Justicia AC
22.     Francisca Jiménez Barrientos Red por la participación ciudadana
23.     Santiago Corcuera Cabezut Comisión Mesoamericana de Juristas AC
24.     Olimpia Salazar Serrano Red Sonora de Apoyo psicosocial en Crisis A.C.
25.     Ximena Andión Ibáñez Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

 

 

 

 

 

 

 

Expertos/as

26.     Margarita Griesbach ODI (ALD)
27.     Gloria Ramírez Cátedra UNESCO
28.     Fernando Mendoza Vergara UAEM (RV)
29.     Pilar Noriega García COMVERDAD
30.     Nicomedes Fuentes García COMVERDAD
31.     Rogelio Gómez Hermosillo Marín Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
32.     Mónica González Contró Abogada general de la UNAM
33.     Silvia Alonso Félix Alianza Cívica
34.     Consuelo Morales Elizondo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
35.     Roberto Villanueva Guzmán UAEM
36.     Manuel Vidáurri Arrechiga Universidad de Guanajuato; Ex ombudsman de Guanajuato
37.     Aidé García Hernández Católicas por el Derecho a Decidir
38.     Concepción Regalado Rodríguez Premio Estatal de Administración Pública en Chiapas
39.     Adalberto Méndez López Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Discapacidad
40.     Mauricio Melgar Álvarez Fundación para la Promoción del Altruismo
41.     Armando Nicolás Alonso Red de Profesores e Investigadores en Derechos Humanos
42.     Nanci Ramírez Hernández Asociación Internacional de Educadores para la Paz
43.     Ana Cecilia Terrazas Valdez Directora General Editoras Los Miércoles SA de CV.
44.     Ricardo Hernández Forcada Director del Programa VIH SIDA de la CNDH
45.     Lucía Lagunes Huerta CIMAC
46.     Lilia Encinas Norzagaray Docencia en Psicología de la Universidad de Sonora
47.     Edith Zúñiga Vega Tech Palewi, AC
48.     Imelda Neri Rivera Tech Palewi, AC
49.     Guadalupe Álvarez Gándara Tech Palewi, AC
50.     Ana Gladys Vargas Espíndola Tech Palewi, AC
51.     Jesús Ulises Cázares Tech Palewi, AC
52.     Silvia Alonso Félix Alianza Cívica AC
53.     Rogelio Gómez Hermosillo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza AC Tech Palewi, AC
54.     Héctor Javier Sánchez Pérez Colegio de la Frontera Sur. Tech Palewi, AC
55.     David Orihuela Ordoñez Experto atención jurídica a víctimas. Tech Palewi, AC
56.     Mirta Claudia Mejía Ortega Tech Palewi AC
57.     Rosa Nelly Santos Navarro COFAMIPRO
58.     Fray Raúl Vera López Diócesis de Saltillo
59.     Blanca Isabel Martínez Bustos Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios
60.     Fray Gonzalo Ituarte Verduzco Diócesis de San Cristóbal de las Casas
61.     Abel Barrera Hernández Tlachinollan
62.     Lorena Sánchez Martínez Comité de Derechos Humanos de Comalcalco
63.     Ma. Cristina Muñoz Méndez Indignación
64.     Javier Ávila Aguirre Cosyddhac
65.     Fray Gonzalo Ituarte Verduzco Servicio Pastoral a Migrantes “San Martín de Porres”
66.     Anita Guadalupe Zelaya Galván COFAMIDE
67.     Leonor Ramírez Bautista CODEHUTAB
68.     Nancy Ma. Walker Olvera Kookay
69.     Nancy Pérez García Sin Fronteras
70.     Hortensia Flores Montoya Casa Amiga. Esther Chávez Cano

 

Colectivos de víctimas

71.     Ana Belem Vázquez Colectivo por un transporte digno (RV)
72.     Gabriela Itzel Arrazola Rodríguez Colectivo Colibrí (RV)
73.     Osvaldo Castañeda Martínez Colectivo Expresión sin Represión ni Discriminación
74.     Yolanda Morán Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
75.     Blanca Olivia Franco Cruz Colectivo Eco de la Merced
76.     Aracelí Magdalena Rodríguez Nava Colectivo Colibrí
77.     Jovany Alejandro León Rodríguez Colectivo Colibrí
78.     Eli Trujillo Reyes Colectivo Colibrí
79.     Lizbeth Pérez García Colectivo Colibrí
80.     Hermelinda Velázquez Huerta Colectivo Colibrí
81.     Anabel Rodríguez Velázquez Colectivo Colibrí
82.     José Luis Rebollo Morales Colectivo Colibrí
83.     Samantha Montes Martínez Colectivo Colibrí
84.     Martín León Rodríguez Colectivo Colibrí
85.     María del Pilar Rodríguez Nava Colectivo Colibrí
86.     Juan Carlos Trujillo Colectivo Colibrí
87.     Orlando Tavera Luviano Colectivo Colibrí
88.     María Hortensia Rivas Rodríguez Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC

Víctimas

89.     María Elizabeth Ugalde Villeda Víctima (RV)
90.     Alicia Villeda Ramírez Víctima (RV)
91.     Joel Román Ugalde Villeda Víctima (RV)
92.     Eliana Ivonne Ruiz Valencia Víctima (RV)
93.     Margarita López Pérez Víctima
94.     Etna Odet Trujillo Rodríguez Víctima
95.     Luz Elena Hernández Gutiérrez Víctima
96.     Patricia López Rodríguez Víctima
97.     Mari Herrera Magdaleno Víctima

 

 

“Ni un periodo más”, dicen familias sobre aprobación de Ley de Desaparición forzada y Desaparición por particulares

 

n sin aprobarse la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que debió legislarse 13 meses atrás. 

  • El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México dice: “el tiempo se agota” “Un periodo más, pero no más!”

Ciudad de México, 10 de febrero, 2017. El día de hoy el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) realizó una acción afuera del Senado de la República y a lo largo de este fin de semana se realizarán acciones en Guadalajara, Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz,  para exigir que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares se legisle en este periodo, garantizando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

A lo largo de 2016 el MovNDmx trabajó con las Comisiones del Senado (Derechos Humanos, Gobernación, Justicia) la propuesta de la citada Ley. Tras meses de discusión se acordó proponer la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hecho de suma importancia para las familias de personas desaparecidas porque representa un elemento central e irrenunciable en la Ley.  En diciembre de 2016 el MovNDmx se reunió con la Comisión de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, además de la Secretaría de Gobernación y algunos representantes del Gobierno Federal y se acordó que la Ley sería discutida y aprobada en ambas Cámaras en el primer periodo Legislativo de 2017 con la participación de las familias en todo el proceso.

El MovNDmx ha impulsado que la Ley contenga una CNB que sea operativa, que no contribuya a la burocracia que actualmente enfrentan las familias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, que contemple la participación de las familias y que cuente con los recursos necesarios para ejecutar las acciones de búsqueda. La responsabilidad del Estado frente a la situación generalizada de desaparición forzada de personas en el territorio nacional hace necesaria la implementación de mecanismos novedosos de búsqueda, así como la construcción de instituciones que gocen de capacidades humanas, técnicas y presupuestarias para cumplir con su mandato de forma eficaz.

En el caso de desapariciones de personas migrantes, a pesar de que existe la Unidad de Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior, las familias de las personas migrantes desaparecidas aún enfrentan severos retos para acceder a la justicia mexicana. En este aspecto la CNB deberá incorporar la conformación de comisiones y planes de búsqueda integrando las solicitudes de las víctimas que se encuentran en el extranjero y deberá considerar las buenas prácticas como Comisión Forense para la identificación de migrantes desaparecidos.

El 1 de Febrero de 2017 inició el Periodo Legislativo y el MovNDmx exige que se cumplan los acuerdos pactados con Senado y Gobierno Federal en diciembre de 2016. Exhortamos a la Secretaría de Gobernación y al Senado de la República a tomar en cuenta las peticiones de las familias; crear una CNB con los recursos necesarios que garantice su eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas y que asegure los derechos de las personas desaparecidas y de las  familias en México y Centromérica.

Una Ley que no funcione no es de interés para el MovNDmx. El tiempo se nos agota. Mientras más tiempo pasa sin una Ley eficaz, más tiempo tardamos en encontrar a nuestros familiares y continúan las desapariciones en el país y la impunidad que les rodea.

 ¡Un periodo más, pero no más!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

———————————————————

 

Para concertar una entrevista, aquí los voceros del MovNDmx
Presencial:

Carlos Moreno de Nos Hacen Falta, CDMX, cel 5516925465

Lucía Díaz, Colectivo Solecito de Veracruz,  cel 552351 2778

Araceli Salcedo, Colectivo Córdoba Orizaba, 272 181 9982

Araceli Rodriguez, Colectivo Colibrí, 55 4449 7394

Maricela Orozco, Enlaces Nacionales, 229 928 6941

Por teléfono

Yolanda Moran- Fundem Centro 462 107 3381

Rosario Villanueva – Fuundec- Fundem 664 2514749

Rosa Neriz de Voces Unidas por la Vida, Sinaloa – 667 318 5568

Web: sinlasfamiliasno.org

Fb: https://www.facebook.com/movNDmx/

Tw: @movNDmx

Correo: info@sinlasfamiliasno.org

 

 

 

 

Logros en Coahuila: Una ventana de esperanza para las familias que tenemos personas desaparecidas

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Las familias de FUNDEM nos solidarizamos con la familia del padre Joaquín y la Diócesis de Saltillo

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Reunión de FUNDEM con Titular de la PGR para agendar Plan de Trabajo

Este viernes 6 de enero  a las 11:00 horas representantes de FUNDEM y Organizaciones Civiles acompañantes estaremos con el Titular Raúl Cervantes Andrade, a quien le pediremos un Plan de Trabajo acorde a las responsabilidades del Estado mexicano y a la situación sistemática y generalizada de la desaparición en México.

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 Cd. de México, 5 de enero del 2017

En seguimiento a las reuniones periódicas que hemos sostenido con los distintos responsables de la PGR desde el sexenio pasado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organismos asesores, reunidos en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), urgimos al Titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Procurador Raúl Cervantes Andrade, un plan de trabajo acorde a las responsabilidades del Estado mexicano y a la situación sistemática y generalizada de la desaparición en México. Por ello, mañana viernes 6 de enero a las 11:00 de la mañana, se llevará a cabo una reunión en las oficinas de la PGR (Reforma 211), para plantear los siguientes puntos de la

AGENDA

  • Recursos humanos y financieros

En reunión de 11 de mayo de 2016 se hizo la solicitud a la Procuradora Arely Gómez de ampliar presupuesto que impactara los recursos humanos y financieros para el 2017, en la Fiscalía de Desaparecidos y la Unidad de Migrantes, considerando las buenas prácticas internacionales de un agente y una célula de policía para cada 15 expedientes.

1.1 Solicitamos se nos informe y entregue por escrito los montos y rubros en los que se incrementó el presupuesto para la Fiscalía Especializada en Búsqueda en el presupuesto para 2017.

1.2 Solicitamos se nos informe de los perfiles contratados o por contratar para incrementar personal en las agregadurías en Centroamérica para el funcionamiento del mecanismo transnacional para migrantes desaparecidos, como en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda.

 1.3 Solicitamos un programa de capacitación en investigación contextual, inspección de campo e identificación forense, dirigido a agentes de la Fiscalía de Búsqueda, de la Unidad de Migrantes y del Mecanismo Trasnacional, de procuradurías locales y a familiares de personas desaparecidas. 

  • Revisión de casos

La Procuradora Arely Gómez requirió a su personal reportes mensuales de quienes han venido a revisar el expediente y cuáles son los avances; pidió que se fije un cronograma para revisar los casos con la Fiscalía y SEIDO. Se mantiene la revisión mensual de casos, sin embargo, SEIDO no participa regularmente. Con respecto a los reportes mensuales, no tenemos conocimiento de su impacto.

2.1 Solicitamos se nos informe por escrito de los efectos del monitoreo mensual del avance de los casos a la fecha.

2.2 Solicitamos se mantenga el monitoreo de los avances con indicadores de eficiencia e impacto, y que los resultados sean presentados por escrito periódicamente a las familias.

2.3 Solicitamos mantener las revisiones periódicas de casos y se le instruya a todas las Subprocuradurías y sus agentes, en particular a SEIDO, a presentarse ante las familias en los casos que tienen bajo su responsabilidad, particularmente cuando la revisión es fuera de la Ciudad de México.

 2.4 Solicitamos fijar reuniones mensuales en las embajadas de México en Centroamérica, con los mismos criterios señalados en el párrafo 2.2, para la revisión de casos con familiares de migrantes desaparecidos a través del Mecanismo Transnacional.

A través de la revisión de casos detectamos obstáculos para la investigación y la búsqueda que queremos sortear con las siguientes propuestas:

  • Solicitamos un mecanismo explícito de cruce eficaz de información de casos y de contexto, entre las entidades de la PGR (Fiscalía de Búsqueda, Unidad de Migrantes, FEVIMTRA, SEIDO), las procuradurías locales, servicios periciales incluyendo servicio forense, y con la Comisión Nacional de Seguridad.
  • La información que proporciona CENAPI y Plataforma México es deficiente y debe mejorar sus análisis y reportes. Solicitamos la profesionalización de los investigadores para producir información y de los agentes del ministerio público para solicitarla.
  • Solicitamos controles de calidad para aumentar y monitorear las investigaciones con una mayor presencia en campo y mejorando el tiempo de respuesta de la policía federal ministerial.
  • Solicitamos mecanismos explícitos de coordinación en operativos de búsqueda entre Procuradurías locales, Fiscalía de Búsqueda de PGR, Servicios Periciales y Policía Federal y Científica de la CNS.
  • Solicitamos que se conforme un grupo especial de policía federal ministerial que atienda los casos en revisión. Estos policías deberán ser personal capacitado y que hayan pasado todos los controles y deben estar presentes en la revisión de casos. Es importante la participación de la policía ministerial en las reuniones de revisión para el cruce de información de nuevos hallazgos que en general puedan impactar en los casos.
  • Solicitamos que el Procurador requiera a cada MP de los casos que están en revisión: (i) un resumen del caso (ii) estrategia de investigación que incluya: acciones concretas de búsqueda –las realizadas y las pendientes de realizar- líneas agotadas y líneas pendientes de agotar y, (iii) requerimientos que tenga el MP para avanzar en la investigación. Este reporte servirá de base para dar seguimiento a los avances y obstáculos de cada caso para el Procurador y las familias.

 

  • Acciones de búsqueda

3.1 Se acordó con la Procuradora Arely Gómez, un Plan de Búsqueda de San Luis Potosí a través de la Unidad de Migrantes, y que la Fundación para la Justicia reenviaría el documento revisado. El documento lo tiene ya la titular de la Unidad. Se solicita una reunión con autoridades de San Luis Potosí y la Unidad de Migrantes de PGR para articularlo.

3.2 Solicitamos por escrito el estatus del cotejo de la información genética de las familias aglutinadas en FUNDEM con las bases de datos de PGR, y se nos informe de los resultados.

3.3 Solicitamos ampliar el Convenio de Comisión Forense a los cuerpos o fragmentos humanos no identificados de Tamaulipas y Nuevo León, para poder cotejarlos con la información genética de familiares de personas desaparecidas mexicanas y extranjeras.

 3.4 Solicitamos un diálogo con la Comisión Internacional de Personas No Localizadas (ICMP por sus siglas en inglés) con miras a establecer un convenio que permita multiplicar la capacidad de exhumación e identificación de personas fallecidas en fosas comunes y clandestinas.

3.5 Solicitamos un Plan específico de Identificación Forense de cuerpos y restos de personas sin nombre en fosas comunes y en fosas clandestinas en el país, que incluya una base de datos accesible para ministerios públicos y familias.

3.6 Solicitamos que la Fiscalía de Desaparecidos y Unidad de Migrantes comiencen con un mapeo de posibles fosas clandestinas en el país.

3.7 Solicitamos se forme una mesa de trabajo con CNS, Fiscalía de Búsqueda, Unidad de Migrantes, FUNDEM y la Red Verdad y Justicia para analizar cómo puede plataforma México ser útil para la búsqueda, qué necesitaría cambiar o analizar.

3.8 Solicitamos se forme una mesa similar con el Sector Salud para el acceso de los MPs a un registro general de hospitales que facilite la búsqueda y el cruce de información ágil de ingresos de personas no identificadas.

3.9 Solicitamos que se haga un convenio con el INE para correr información de las personas desaparecidas en sus bases de datos. El Convenio firmado recientemente con CONATRIB es insuficiente.

  • Investigación de irregularidades de servidores públicos

4.1 La Procuradora Arely se comprometió a investigar el caso de corrupción en los servicios periciales en Nuevo León, ya existe la denuncia. Solicitamos información al respecto.

4.2 No se perciben avances en las irregularidades presentadas por la Fundación para la Justicia, se solicita una mesa de seguimiento.

4.2 Solicitamos a la Procuradora Arely y reiteramos la petición al Procurador Cervantes de continuar con el proceso de investigación a Tomás Zerón.

4.3 Solicitamos una investigación seria y exhaustiva en contra de servidores públicos de la PGR y otros, en la investigación de los hechos contra los estudiantes de Ayotzinapa, que recupere la información que se tiene tanto de la Visitaduría de PGR como de otras fuentes.

  • Sobre la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares.

 5.1 Se nos informó que el liderazgo en este tema es de la Secretaría de Gobernación. Solicitamos que la PGR apoye las propuestas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en el diálogo con el ejecutivo y el legislativo.  

  • Seguimiento

6.1 Solicitamos se mantenga el acuerdo con la Procuradora Arely de sostener reuniones semestrales con el Procurador Cervantes y FUNDEM.

6.2 Normalmente a estas reuniones acuden los colectivos de Centroamérica que son parte de FUNDEM. Por la fecha y la premura esto no pudo ser posible. Solicitamos una reunión para familias de migrantes desaparecidos agrupados en la Red Regional Verdad y Justicia.

Atentamente:

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM):

FUNDEM Región Laguna

FUNDEM Región Centro

FUNDEM Región Sureste

FUNDENL

Red Verdad y Justicia, de colectivos centroamericanos de familiares

Colectivo de Familias de Guanajuato acompañadas por el Centro de DH Victoria Diez

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez AC

 

 

Campaña “Nos haces falta”

Llama al 089 si tienes información de alguna persona que se encuentre desaparecida. ¡Gracias!

Campaña “Nos haces falta”

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¿Les has visto? Las familias de personas desaparecidas en Coahuila emprendimos esta campaña para hacer conciencia a la sociedad de esta “tragedia humanitaria” que vivimos no sólo en nuestro estado, sino en todo el país. Todas y todos pueden sumarse, apoyar. Si tienen alguna información de alguna persona que se encuentre desaparecida pueden llamar al 089 y proporcionarla. ¡Se los agradecemos de corazón!

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Todos los restos de personas que están resguardados, merecen ser identificados y entregados a sus familiares

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Palabras de FUUNDEC-FUNDEM en la Promulgación de la LEY PARA LA LOCALIZACIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN FORENSE DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

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Todos los restos de personas que están resguardados, merecen ser identificados y entregados a sus familiares.

Buenos días señor Gobernador Lic. Rubén Moreira Valdés y autoridades que le acompañan y compañeros y compañeras de los diferentes colectivos.

Mi nombre es María de los Ángeles Mendieta Quintana y busco a mi hijo Iván Baruch Muñoz Mendieta, desaparecido el 7 de agosto del 2012 en Torreón, Coahuila. Represento al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM).

En base a los derechos plasmados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse”, para ello me permito hacer referencia a estos: derecho a la Verdad, derecho a la Justicia.

Las familias afectadas por falta de éstos, hemos peregrinado por años con esta cruel realidad, la cual nos ha llevado a unirnos para luchar y levantando la voz pidiendo que se cumplan.

Hemos y estamos viviendo una guerra que no pedimos que por resultado son todas las desapariciones que padecemos y para nosotros no sólo es importante la exhumación, sino también la identificación de nuestros familiares.

La desaparición de personas constituye una gran violación de derechos humanos y corresponde a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias para ponerle fin.

Todos sabemos que nuestro estado de Coahuila de Zaragoza ha sido uno de los más afectados por la práctica de la desaparición de personas a las que las autoridades no dieron respuesta oportuna en su momento, así como es la existencia de numerosos cuerpos de personas inhumados en fosas comunes sin identificar y cuyos restos mortales deberán ser identificados por medio de las acciones previstas en esta ley:

LEY PARA LA LOCALIZACIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN FORENSE DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

Sabiendo de antemano que ésta surge como una necesidad de saber de la existencia de estos 458 cuerpos resguardados que merecen respeto a ser identificados y entregados dignamente a sus familias para darles el destino que deseen en base a sus creencias y brindar un poco de tranquilidad y continuando la investigación, la persecución penal de los victimarios, la atención o las necesidades y derechos de las familias.

Es por eso ante la iniciativa del decreto para la ley de exhumación es de suma importancia para el gobierno y para nosotros, los padres y la sociedad en su conjunto exigimos que se lleve a cabo.

Exigimos que el gobierno sea el responsable de aplicar enérgicamente los derechos de la Verdad y la Justicia.

El esfuerzo unido de cada una de nosotras nos ha fortalecido día a día para continuar y alcanzar logros positivos y con la unión de los colectivos hemos realizado un gran esfuerzo para la iniciativa de esta ley.

Voz que el gobierno del estado de COAHUILA DE ZARAGOZA escuchó en el 2014 incorporando a su constitución el derecho a no ser sometido a desaparición, así como la correspondiente obligación del Estado de adoptar todas las medidas para proteger a las personas contra las desapariciones y la obligación de realizar una búsqueda en vida inmediata y efectiva.

También incluyo el deber de localizar a la persona desaparecida, el derecho de las víctimas de conocer la verdad, obtener justicia, contar con protección judicial efectiva y las garantías de no repetición.

Se han adpotado diversas medidas legislativas y la política pública para cumplir con estas obligacioes y el estado de COAHUILA DE ZARAGOZA ha expresado su voluntad de continuar trabajand, garantizando los derechos de la verdad y justicia y la reparación integral del daño.

También es importante mencionar que esta ley no existe en AMÉRICA LATINA, que COAHUILA DE ZARAGOZA es la pionera en esta iniciativa de ley, ley lograda a través del diálogo con los distintos grupos de familias de personas afectas y las autoridades del estado.

Yo quiero agradecer al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ONU, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MÉXICO (FUUNDEC-M), GRUPO VI.D.A LAGUNA A. C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), FAMILIAS UNIDAS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, A. C. Y ALAS DE ESPERANZA ALLENDE, COAHUILA por su valioso apoyo.

Nuestros ojos y nuestros oídos vigilarán para recordarles siempre que hasta que tengamos a nuestros seres queridos, entonces habrán cumplido con esta ley, con una parte de su tarea de búsqueda.

¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

Muchas gracias.

 

Saltillo, Coah., 18 de diciembre del 2016

Siete años de una búsqueda incansable y una lucha digna ¡Hasta encontrarles! ¡Hasta obtener Verdad y Justicia!

Como acompañantes y asesores de familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) refrendamos nuestro compromiso de continuar junto a ellos y ellas en esta búsqueda incansable hasta encontrar a sus seres queridos desaparecidos, que son también nuestros seres queridos desaparecidos.

En estos siete años  que hoy cumple FUUNDEC-FUNDEM como colectivo, el camino no ha sido fácil, pero las mismas dificultades les han llevado a continuar dignamente su lucha, que también es nuestra.

Sigamos caminando juntos, juntas; que el amor que brota de su corazón, de nuestro corazón sea el que les y nos mueva a buscar Verdad y Justicia en este país donde reina la impunidad;  que nuestras miradas se unan para “vigilar con lupa” el trabajo de las autoridades para que cumplan con su responsabilidad de traernos a quienes nos arrebataron.

¡Ánimo guerreras, ánimo guerreros!

#HastaEncontrarles

#PorqueLosAmamosLosBuscamos

#Porque vivos los llevaron, vivos los queremos

¡Les abrazamos con cariño!

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi

 

 

Campaña “Nos haces falta”

Familias de FUUNDEC-M piden a autoridades de Coahuila que el 2017 “sea el año de resultados”

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No baje la guardia

Familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), en audiencia con el Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdéz, pidieron, a través de una de sus vocerías Yolanda Morán Isaís, que ponga todo su esfuerzo para que en el trabajo de los derechos humanos y, sobre todo en la desaparición de personas, “no baje la guardia”.

El pasado 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las familias de dicho colectivo se reunieron con autoridades estatales y federales como lo hacen periódicamente y revisar puntos de la agenda que se trabajan cotidianamente.

En esta ocasión se firmó un convenio de asistencia técnica para apoyar el trabajo de búsqueda e investigación que los servidores públicos realizan desde la Procuraduría General del Estado y específicamente desde la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas.

La asistencia técnica consiste en aceptar la asesoría de tres expertos colombianos que llegarán a principios del año 2017 y que por 11 meses estarán orientando y revisando desde lo que ellos han vivido en su país. Cabe mencionar que estos expertos habían realizado ya un diagnóstico de las necesidades a cubrir en Coahuila al respecto.

Yolanda Morán, en representación de FUUNDEC-M, expresó en la audiencia al gobernador: “échele toda la carne al asador, que sea el año de la cosecha (2017), que sea el año de los resultados”.

Le pidió expresamente: “Apurémonos en la identificación de cuerpos porque en esos 458 cuerpos que se encuentran en las fosas comunes seguramente estarán algunos de nuestros desaparecidos”, refiriéndose a la aprobación lo antes posible de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila.

Por su parte Daniel Durán, otro padre de familia integrante de FUUNDEC-M, agregó que “es necesario que usted esté al pendiente de esta maquinaria que se está echando a andar” con la finalidad de que se realice bien el trabajo para que “nuestros seres desaparecidos estén con nosotros” lo antes posible.

Respresentantes de colectivos de familias de personas desaparecidas instan a diputadas aprueben ley forense

Necesaria aprobación de Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila

Colectivos de familias de Coahuila que tienen personas desaparecidas dialogaron con las diputadas Georgina Cano Torralva, Coordinadora de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, así como con Claudia Elisa Morales Salazar, integrante de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad sobre el Decreto de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza este 12 de diciembre del 2016.

El objetivo fue explicar la propuesta de ley que consiste en que sean localizados, recuperados e identificados los cuerpos y/o restos humanos, para que sean entregados a sus familiares y los puedan enterrar de una manera digna.

“Esos cuerpos tienen el derecho de ser identificados y sus familiares a saber de ellos, por eso es necesario una ley que cumpla con los estándares internacionales para que se realice el trabajo de acuerdo a la norma”, comentaron las familias.

Exhortaron a las dos diputadas presentes a no perder más el tiempo y que tengan en cuenta que son muchísimas familias quienes esperan encontrar a quienes les han desaparecido, por eso las urgieron a sentar el tema en el congreso local e informarles de la necesidad de aprobar la ley lo más pronto posible.

Los y las representantes de los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Grupo VIDA de Torreón, Coahuila, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras y Alas de Esperanza de Allende, reconocieron que con el tiempo se han tenido que volver “expertas” en la búsqueda y aunque no saben de leyes, debieron aprender para plasmar sus demandas en un escrito protegido jurídicamente.

Coincidieron que han pasado muchos años viviendo con angustia y dolor y tener una ley da un poco de esperanza porque esperan que ésta acelere el proceso de identificación y puedan “tener con nosotras algo que podamos enterrar e ir a llorar en un lugar específico”.

Esta ley, de ser aprobada, sería la primera en América Latina y además, realizada por las mismas familias ante la necesidad de la “tragedia humanitaria” que se vive no sólo en Coahuila, sino en México.

El compromiso de las diputadas fue que en esta semana se revisaría el documento por los legisladores y después harían un dictamen final que, dijeron “seguramente será favorable a la demanda de las familias”.

Tienen que seguir trabajando en la búsqueda de nuestros desaparecidos hasta encontrarlos

“Llévense en la conciencia, en estos días que son muy difíciles para nosotras, que tienen que seguir poniendo ese granito y otro y otro más porque no queremos que a ustedes les pase lo que nosotros estamos viviendo”, dijo Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila a las autoridades de dicho estado en la audiencia celebrada el pasado 10 de diciembre y donde participaron como testigos de la firma del convenio de asistencia técnica para que se mejore la búsqueda e investigación de las personas que están desaparecidas.

Ante representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Open Society Justice Initiative y USAID a través de Enfoque DH, (organismos internacionales que apoyan el convenio) y las propias familias de FUUNDEC, Diana Iris dijo: “Nuestra lucha no nada más es por los nuestros, sino también por cada uno de ustedes, porque no queremos que padezcan lo que nosotros tenemos años padeciendo: tener un ser querido desaparecido”. Añadió: “Seguimos luchando para saber la verdad, el paradero de nuestros seres queridos y no bajaremos lo brazos hasta encontrarles”.

El convenio de asistencia técnica se dio después de que expertos colombianos realizaran un diagnóstico del trabajo de los servidores públicos de la Procuraduría del Estado y de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila y se aceptara que es necesario un trabajo árduo para que se llegue a la verdad y a la justicia como las familias lo piden ante esta tragedia que no sólo ocurre en Coahuila sino en México.

Familias celebran ceremonia para fortalecer su corazón y continuar la búsqueda de sus desaparecidos

Familias que pertenecemos a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y personas solidarias celebramos una ceremonia religiosa con la finalidad de compartir nuestra fe que nos sostiene para continuar la búsqueda de nuestros seres desaparecidos.

En dicha ceremonia, realizada el pasado 10 de diciembre en Casa San José, en Saltillo, Coahuila, tuvimos la presencia de tres pastores: Eliézer Montoya de la Iglesia Protestante, Víctor Vera de la Iglesia Anglicana y fray Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo, quienes nos dieron un mensaje ante lo que vivimos desde hace ya varios años.

En este espacio, una de las actividades fue construir un muro con las limitaciones u obstáculos que vivimos en la lucha diaria por nuestros seres queridos para después destruirlo y convertirlo en una cruz, símbolo de la libertad que nos lleva a seguir a pesar de la impunidad e incertidumbre.

Nuestros pastores hicieron énfasis en la necesidad de que nosotras debemos ser piedras para construir y no destruir; luz para iluminar el camino que recorremos con dignidad y esperanza en medio de una sociedad que vive en la incertidumbre e impunidad.

Para nosotras este también fue un espacio para fortalecer nuestros corazones a través de los abrazos llenos de cariño y de sincero afecto, sobre todo estos días del año que se tornan difíciles al estar nuestros hogares incompletos.

(Fotografías: José Manzo)

Colectivos de familias de personas desaparecidas piden a la CIDH que intervenga para que el Estado Mexicano dictamine ya la Ley de Desaparición en este país

 

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Presentan decreto de la Ley para la Localización, recuperación e identificación forense de personas del Estado de Coahuila de Zaragoza

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Representantes de los colectivos formados por familias que tienen personas desaparecidas en este estado, estuvieron presentes en la entrega de la propuesta de Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila. Los titulares de la Unidad de Derechos Humanos y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila, Federico Garza y Sandra Rodríguez respectivamente, hicieron entrega esta mañana a los diputados locales de dicho documento.

Cabe resaltar que las familias tienen participación activa en esta propuesta donde incluyeron los puntos claves para que los cuerpos y los hallazgos humanos sean tratados dignamente.

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LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ESTA INICIATIVA DE DECRETO DE LA LEY PARA LA LOCALIZACIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN FORENSE DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición de personas constituye una grave violación de derechos humanos que afecta de múltiples maneras a las personas desaparecidas, a sus familias, a personas allegadas y a la sociedad en su conjunto y corresponde a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias para ponerle fin.

Esta terrible práctica implica la negación de múltiples derechos de la persona desaparecida, incluidos el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a no ser sometida a torturas  ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, así como poner en grave riesgo la vida de la persona desaparecida.

También representa una negación de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Además, en muchas ocasiones las familias de las personas desaparecidas ven en la práctica afectadas otros derechos como el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la educación.

El Estado de Coahuila de Zaragoza ha sido uno de los más afectados por la práctica de la desaparición de personas en México[1], a la que las autoridades no dieron respuesta oportuna en su momento, añadiendo a las desapariciones otras muchas consecuencias negativas que hoy también debe ser corregidas, como lo es la existencia de numerosos cuerpos de personas inhumados en fosas comunes sin identificar y cuyos restos mortales deberán ser identificados por medio de las acciones previstas en esta ley.

Frente a esta realidad que deja a las familias en la incertidumbre y la zozobra, el Estado debe asumir su responsabilidad y atender la problemática en todas sus dimensiones: la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación de las desapariciones y la persecución penal de los victimarios, la atención a las necesidades y derechos de las familias, la prevención de esta terrible práctica y la reparación integral del daño.

En 2014, el Estado de Coahuila de Zaragoza incorporó a su constitución el derecho a no ser sometido a desaparición, así como la correspondiente obligación del Estado de adoptar todas las medidas para proteger a las personas contra las desapariciones y la obligación de realizar una búsqueda inmediata y efectiva. También incluyó el deber de localizar a la persona desaparecida, el derecho de las víctimas de conocer la verdad, obtener  justicia, contar con protección judicial efectiva, asegurar la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

Desde entonces se han adoptado diversas medidas legislativas y de política pública para cumplir con estas obligaciones y el estado de Coahuila de Zaragoza ha expresado su voluntad de continuar trabajando hasta que todas las personas desaparecidas hayan sido localizadas o cuya suerte y paradero hayan sido plenamente esclarecidos y se garanticen los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.

Por ello, el Estado debe  garantizar que existan los mecanismos adecuados para la efectiva búsqueda de las personas desaparecidas. El principio central que debe regir su actuar  es la búsqueda y localización en vida. Sin embargo, también debe garantizarse que en el caso de que la persona haya fallecido tras su desaparición, sea plenamente identificada y sus restos entregados dignamente a su familia para darles el destino que deseen conforme a sus creencias.

Por esta razón, las autoridades del Estado se han dado a la tarea, en diálogo con los distintos grupos de familias de personas desaparecidas en Coahuila, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México FUUNDEC-M, Grupo VI.D.A Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. y Alas de Esperanza Allende Coahuila de lograr la localización y plena identificación de los restos mortales de todas las personas que hayan fallecido en el Estado.

Cuando una persona desaparecida ha fallecido y sus restos continúan sin ser localizados ni identificados adecuadamente, se producen nuevas violaciones a sus derechos, como el derecho a la identidad, que incluye el derecho a un nombre y a ser tratado según sus creencias; así como a los derechos de su familia, como el de honrar y disponer de los restos de su ser querido. Estos derechos deben ser restablecidos, como parte de las obligaciones del Estado con la persona desaparecida, con base en la obligación de buscar y localizar de forma efectiva a las personas desaparecidas. Este proceso debe garantizar el derecho de toda persona a su identidad conforme a los estándares y normas internacionales en la materia, como un tema central del objeto de esta ley, por medio de su identificación, y como una obligación sustancial en sí misma, agotando para ello todos los esfuerzos que puedan conducir a una efectiva identificación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia resulta obligatoria para todas las autoridades mexicanas según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentenció en el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana[2] reconociendo la sustantividad y autonomía de los derechos de las personas fallecidas al establecer que la falta de identificación y entrega de los restos de personas fallecidas suponía una forma de trato denigrante y por ende, una violación al derecho a la integridad personal:

 Esta Corte considera que el tratamiento que se le dio a los cuerpos de las personas fallecidas luego del incidente, al ser inhumados en fosas comunes, sin ser claramente identificados ni entregados a sus familiares, manifiesta un trato denigrante, en contravención del artículo 5.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas fallecidas y sus familiares. 

Además, el resultado de este proceso debe contribuir al derecho de las familias de personas desaparecidas no sólo a la verdad, sino a algo tan esencial como a que las familias puedan tener los restos de sus seres queridos fallecidos, para que puedan decidir cómo recordarlos, honrarlos y disponer de los mismos. Esto es, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia[3], una forma de reparación:

  1. Sobre el particular, esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que asiste a los familiares el derecho a conocer dónde se encuentran los restos mortales de su ser querido, y ha establecido que ello “representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”.
  1. La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
  1. En este sentido la Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos-desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la importancia de facilitar que las familias de personas fallecidas puedan disponer de sus restos conforme a sus creencias, como señaló en el caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname[4]

  1. Finalmente, Suriname debe emplear todos los medios técnicos y científicos posibles – tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias – para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986. Si el Estado encuentra los restos mortales, deberá entregarlos a la brevedad posible a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N’djuka. Asimismo, el Estado deberá concluir, en un plazo razonable, los análisis a los restos humanos encontrados en la fosa común en 1993 (supra párr. 86.31), y comunicar el resultado de dichos análisis a los representantes de las víctimas.

Por ello, esta ley establece el marco para que las autoridades del Estado de Coahuila de Zaragoza realicen todas las acciones necesarias para la identificación de los restos  que se encuentren en su territorio contribuyendo así a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Las autoridades deben brindar seguridad a las familias de que todos los restos encontrados en el territorio del Estado serán debidamente tratados y analizados, conforme a los más altos estándares para proceder a su plena identificación. El correcto funcionamiento de los procedimientos previstos en esta ley constituye a su vez una garantía de no repetición para toda la sociedad, ya que junto con las medidas para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, prevenir las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables de las mismas, deben garantizar que en el futuro no se repitan los lamentables hechos que tanto han lastimado a las familias y a la sociedad de Coahuila de Zaragoza y de otros lugares de la República Mexicana.

El papel de las familias de las personas desaparecidas ha sido esencial para impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas. Por ello, esta ley recoge en su Capítulo II los derechos de las familias para garantizar su plena participación y la certeza en la actuación de las autoridades, así como el derecho de las personas fallecidas a que se garantice su identidad por medio de su plena identificación  y la restitución de sus restos a su familia.

En el Capítulo III de la ley se recoge la composición y funcionamiento del Sistema de Gestión de Información que debe procesar la información que obtenga, por medio del cruce de registros y del posterior trabajo multidisciplinario para lograr la plena identificación de los restos humanos hallados en el Estado.

En el Capítulo IV se regula la forma de proceder para la recuperación y tratamiento de los restos humanos hallados en el estado cubriendo, teniendo en cuenta de forma sistemática, los diferentes escenarios a los que se debe hacer frente.

El Capítulo V contempla las condiciones mínimas que deben darse para el resguardo y conservación de restos y evidencias.

El Capítulo VI regula las inhumaciones de restos humanos, prohibiendo la realización de inhumaciones sin agotar las pruebas necesarias para la identificación y la inhumación en fosas colectivas. Asimismo,  prohíbe la destrucción de restos de personas sin identificar.

El Capítulo VII establece las bases para el trabajo de las autoridades estatales en materia de verdad y memoria, otro de los grandes retos que México enfrenta en relación a las violaciones de derechos humanos que se han dado en todo el territorio nacional.

Conscientes de los retos que encontrarán las autoridades encargadas de implementar esta ley, se incluye en el Capítulo VIII diversas previsiones en materia de evaluación y mejora continua de la misma, para garantizar que los esfuerzos de las autoridades se adapten de forma dinámica a los diversos escenarios que puedan enfrentar apegadas a la ley.

El Capítulo IX contempla las posibles sanciones a las que se podrán hacer acreedoras las autoridades que incumplan o inapliquen las disposiciones contempladas en esta ley.

Finalmente, el Capítulo X contempla la necesidad de destinar recursos suficientes y específicos en Ley de Egresos del estado de Coahuila de Zaragoza de forma que existan las capacidades necesarias y suficientes para su efectiva implementación. Se reconoce además la posibilidad de recibir apoyos externos que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de esta ley

La presente ley, en cuya redacción han participado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México FUUNDEC-M, Grupo VI.D.A Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. y Alas de Esperanza Allende Coahuila, organizaciones de derechos humanos del Estado de Coahuila,  personas expertas en la materia, el Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, debe servir para desarrollar el proceso de localización, recuperación e identificación forense y la restitución, uno de los múltiples aspectos que presenta el problema de las desapariciones y que tiene un terrible impacto en la vida de las personas que cada día siguen enfrentando las consecuencias de las desapariciones.

 

Yo ayudo a encontrar a las personas desaparecidas

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