Repudian en Coahuila asesinato de Marisela

El Universal

Organizaciones de derechos humanos responsabilizan a los jueces que liberaron al asesino de Rubí. Anuncian que pelearán por no dejar impune el crimen.

“En Coahuila repudiamos el cobarde crimen de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz”, manifestaron familiares de personas Desaparecidas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del estado de Coahuila, y culpan al gobierno federal de lo ocurrido.

“Demandar justicia en México significa riesgo de muerte” porque en este país no hay garantías y tampoco se acatan las sentencias internacionales., aseguraron una docena de grupos de activistas entre ellos la dirección de Comunicación Social de la Diócesis de Saltillo.

Sumaron su voz de condena e indignación por el asesinato, ocurrido el jueves frente al palacio de Gobierno de Chihuahua, de una madre valiente que enfrenó al poder para que se hiciera justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

“Con impotencia y dolor recibimos la noticia y expresamos a nuestras compañeras de Justicia para Nuestras Hijas A.C. y a la familia de Marisela nuestras más sentidas condolencias por este hecho tan cobarde y les manifestamos que seguiremos luchando dignamente junto con ellas por la justicia”, manifestaron a través de un comunicado de prensa.

Este crimen, señalaron, es responsabilidad de los jueces que liberaron al asesino de Rubí, pero también del Gobierno mexicano.

Refirieron que en noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos fincó responsabilidad al Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos por no garantizar la vida, integridad y derecho a la justicia por los homicidios de 3 mujeres en Ciudad Juárez en el 2001.

¿Cuántas sentencias internacionales más necesitan los gobernantes para hacer algo por la vida de nuestro pueblo masacrado?, cuestionaron.

La Justicia en sí era lo que Marisela Escobedo buscaba. Luego de pasar por tribunales totalmente parcializados, no encontró la respuesta que requería de parte de las autoridades.

Ese era su reclamo, tan legítimo como el de cualquier madre que con dignidad no se dobla ante las sentencias absurdas de jueces o ante la negligencia e impunidad con la que suelen actuar las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, subrayaron.

Asimismo, resaltaron que este hecho refleja la situación por la que pasamos las y los defensores de derechos humanos en México donde no existe un Estado de derecho.

Por eso la defensa y promoción (de las garantías constitucionales) se convierte en un trabajo de alto riesgo que implica, en muchas ocasiones, que se nos arrebate de manera cobarde nuestra vida. Como lo han hecho hoy con Marisela, remarcaron Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila.

Así como Belén, Posada del Migrante y Frontera con Justicia, A.C, Humanidad sin Fronteras, A.C., Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Área de Comunicación de la Diócesis de Saltillo.

Al igual que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C., Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C., Consejo Ciudadano Permanente (COCIPE), Alianza Cívica, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A. C y Comunidad San Aelredo.

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